Razones para Colegiarse

La Educación Social está dirigida a la satisfacción de uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española: el derecho a la educación, contenido en su artículo 27. Su reconocimiento a lo largo de toda la vida, tanto en Leyes y Tratados estatales e internacionales, implica la necesidad de unos profesionales con una formación específica, y dotados de técnicas, instrumentos, habilidades y conocimientos específicos que propicien entornos de aprendizajes, habilidades y hábitos sociales.

Dicha formación básica y especializada viene recogida con la creación de la Diplomatura de Educación Social, establecida por el RD 1420/1991 de 30 de Agosto en el que se define al educador social “Como un profesional en los campos de la educación no formal, educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), inserción social de las personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socioeducativa”. Así pues la Educación Social se entiende como un Derecho de la Ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son del ámbito competencial profesional del educador social y posibilitan la incorporación del sujeto de la educación a las redes sociales y la promoción cultural y social.

La razón de interés general que justifica la reserva de actividad es, como se expuso en la argumentación anterior, la importancia de la función social que cumple la Educación Social en relación al derecho a la educación.

El propio interés, necesidades y protección de las personas y colectivos, usuarios de los servicios, es lo que determina, a nuestra consideración, una reserva de actividad para las/os Educadoras/es Sociales. El hecho de que los profesionales no estén adecuadamente formados en cuestiones relacionadas con la intervención educativa y social, la indefinición de funciones y su falta de control exhaustivo mediante un código deontológico específico, puede provocar una incorrecta atención a las personas y, consecuentemente, situaciones graves de indefensión. La protección de las personas y colectivos es la principal razón.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 194/1998, dice que “la obligatoriedad de incorporarse a un colegio profesional para el ejercicio de la profesión se justifica no en atención a los intereses de los profesionales sino como garantía de los intereses de los destinatarios de sus servicios”.

La existencia de colegiación obligatoria está directamente relacionada con varios aspectos, que aseguran que los profesionales ejercientes los cumplan en pro de las finalidades de:

Dichos aspectos son:

Los usuarios finales de los servicios tienen la garantía de que la atención socioeducativa se lleva a cabo por un profesional que tiene la formación y experiencia profesional adecuadas para el ejercicio profesional.

Los colegios profesionales constituyen un instrumento fundamental para la promoción de mejoras continuas en la práctica profesional, a través de diversas acciones entre las que se contempla la formación inicial y especializada, la investigación en colaboración con otras entidades, la creación de conocimiento e intercambio de experiencias a través de publicaciones científicas.

Además, con el Colegio se pretende lograr:

Para todo ello consideramos fundamental implicar al mayor número de las y los profesionales de la educación social, buscando la participación de los profesionales de los diferentes ámbitos, el desarrollo profesional, las diferentes sensibilidades,...

Queremos proponeros un Colegio con el que se pueda llevar adelante, lo que en líneas generales se ha propuesto y que progresivamente se va a ir concretando a fin de que en los próximos años sea una realidad.

De esta manera, os invitamos a formar parte de un proyecto común. Solicita tu inscripción en el CEESPV-GHEE.

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